Guatemala tiene un buen historial en cuanto a la coordinación de la política fiscal y la política monetaria para mantener la estabilidad económica como pilar fundamental para impulsar el crecimiento económico. En la creación de un contexto macroeconómico que impulse el crecimiento, es clave la gestión en la recaudación y administración tributaria, lo cual debe ir acompañado de una eficiente administración de los recursos y un prudente manejo del gasto público.
Para coadyuvar en la consecución de la estabilidad y el crecimiento económico y, conforme lo establece la Constitución Política de la República, el Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN) participa en la Junta Monetaria (JM), cuerpo colegiado cuya principal función es la definición e implementación de medidas de política económica en los ámbitos monetario, cambiario y crediticio, que permitan la estabilidad en el nivel general de precios de la economía guatemalteca. En este contexto, dado que la política fiscal, además de atender lo concerniente a los ingresos y gastos públicos, también abarca lo relacionado a la deuda pública, la interacción y coordinación con el ambiente macroeconómico es de vital importancia para la estabilidad y de allí deriva la importancia de su participación.
Según el viceministro de Ingresos y Evaluación Fiscal del MINFIN, Saúl Figueroa, el aporte del MINFIN ante la JM es necesario en el sentido que, para financiar el gasto público y el déficit fiscal, que se ha situado en alrededor del 2% del Producto Interno Bruto (PIB) en los últimos veinte años, se recurre a la deuda pública, por lo que se debe velar por que sus proyecciones se enmarquen dentro de la política de emisión de dinero del Banco Central y en coordinación con las operaciones de estabilización monetaria que emite el Banco de Guatemala.
El viceministro Figueroa también destacó la importancia de la participación del MINFIN ante la JM, ya que otro tema relevante es el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado ante este órgano, para conocer cómo este va a incidir en el mantenimiento de la estabilidad y en el fomento del crecimiento económico para el ejercicio fiscal correspondiente.
Un caso de buena coordinación monetaria y fiscal
De acuerdo con el funcionario, uno de los ejemplos de la buena coordinación entre las políticas fiscal y monetaria, se vio en 2020, cuando, a raíz de la crisis del Covid-19, el Banco Central otorgó un préstamo al Organismo Ejecutivo para enfrentar los efectos de la pandemia.
Guatemala enfrentaba una crisis, derivado de la contracción de la actividad económica con el cierre de comercios, caída de las ventas y restricción de la producción, por lo que el préstamo del Banco Central brindó la posibilidad de expandir la economía y compensar la caída de la oferta y la demanda agregadas, a través de gastos fiscales.
El préstamo del Banguat al gobierno representó alrededor del 2.1% del PIB, unos Q11 mil millones que posibilitaron los programas de asistencia social, de préstamos y de mantenimiento de empleo, que hicieron que la actividad económica no cayera tanto.
Esta medida extraordinaria permitió que, en 2020, Guatemala fuera uno de los pocos países cuyo nivel de actividad económica apenas se contrajo un 1.8%, mientras que la mayoría de las economías experimentaron contracciones más agudas. Obvio esto implicó, en el caso de la política fiscal, que ese año el déficit se situara en alrededor del 4.9% del PIB, también inferior a lo experimentado en la mayoría de países del mundo.
“Hubo un buen desempeño por parte de la política fiscal y una buena coordinación con el Banco Central porque en el siguiente año, 2021, hubo un crecimiento de la actividad económica situándose este en 8% y la recaudación alcanzó una carga tributaria de 11.7%, además de la eliminación de incentivos que se crearon en 2020. Asimismo, en 2022 alcanzamos el 12% de carga tributaria, generándose un estabilizador contra cíclico con el aumento en el nivel impositivo”, dijo Figueroa.
“Es decir, se logró paliar la crisis de una forma muy certera y efectiva para las finanzas públicas, dado que se incrementó la recaudación y se redujo el gasto público y por ende el déficit fiscal. Incluso la deuda pública, como proporción del PIB, también se redujo, siendo el caso que incluso se estima que para 2023 podría llegar a 28.4% como proporción del PIB, mientras que en 2020 estaba por encima del 30%”, agregó el viceministro de Ingresos y Evaluación Fiscal del MINFIN.
¿Qué se espera en el corto plazo?
Tras haber superado la crisis de la pandemia en 2021, Guatemala, como el resto del mundo, enfrentó en 2021-2022 la crisis de contenedores que presionaron al alza los precios de importación, y posteriormente, la guerra entre Rusia y Ucrania, que provocó una subida de los precios del petróleo y sus derivados.
Estos factores incidieron en un incremento considerable de la inflación, mayormente importada, al punto de alcanzar 9.7% en octubre de 2022, sin embargo, nuevamente la coordinación entre las políticas monetaria y fiscal permitieron una transición adecuada.
“Entre la política monetaria y la fiscal hubo una compensación. Digamos que la política monetaria fue restrictiva al contraer la cantidad de dinero en la economía, pero la política fiscal fue expansiva, mediante la creación temporal de subsidios a los combustibles, logrando con ello mitigar el alza de precios sobre las familias y mantener la actividad económica”, argumentó Figueroa.
En ese contexto, las previsiones para el corto plazo es que la economía registre un menor ritmo de crecimiento, pero se ubicará en su nivel potencial, la inflación se reducirá en este año y muy probablemente se encontrará en el rango meta del Banco de Guatemala, y la política fiscal será neutral o levemente contractiva para evitar presiones inflacionarias y seguir apoyando la actividad económica.
En ese sentido, luego de crecer al 8% en 2021 y 4.1% en 2022, se espera que, en 2023, la economía guatemalteca crezca 3.5%, es decir, con crecimiento positivo, pero no en los mismos niveles de los dos años anteriores. Sin embargo, la carga tributaria se mantendrá por arriba del 11.7%, tras lograr, históricamente, el 12% en 2022, cifra que se estima repetir el 2023.