El Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN) ha avanzado en los últimos años en el análisis de riesgos fiscales como parte de los esfuerzos en materia de transparencia fiscal, por lo que, en el proceso de formulación del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado de cada ejercicio fiscal, se realiza el análisis de riesgo y se incorpora dentro del referido documento, una separata que identifica, analiza y evalúa los diferentes riesgos fiscales de manera resumida.
Es importante mencionar que existe un informe completo de los riesgos fiscales, que se publica anualmente, que contiene información analítica para una mejor compresión de dichos riesgos, dicha publicación se realiza en la página Web del Ministerio de Finanzas Públicas, en los primeros días de septiembre de cada año.
El viceministro de Ingresos y Evaluación Fiscal del MINFIN, Saúl Figueroa, explicó que un riesgo es todo lo que amenace la realización o concreción de una actividad. En el ámbito fiscal o, se asocia a eventos que son totalmente inesperados al marco fiscal establecido y que supone un riesgo a lo proyectado en la formulación presupuestaria. Un ejemplo de ello es la pandemia Covid-19, en 2020.
Asimismo, Figueroa detalló que los riesgos fiscales se clasifican en endógenos (por acciones del gobierno) y exógenos (fuera del control del gobierno). A su vez, pueden ser explícitos (definidos por leyes o contratos) e implícitos (por expectativas de los agentes económicos). Entre los riesgos de carácter exógeno e implícitos, están los riesgos macroeconómicos, de la deuda pública, por desastres ambientales, entre los más importantes.
En la separata de riesgos fiscales, incluida en el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2024, se establece que, según resultados de la evaluación realizada con base a una herramienta diseñada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), para medir la probabilidad y el impacto de los riesgos fiscales en el corto o mediano plazo, en el país, la pandemia del Covid-19 tuvo un impacto alto, con efecto en los riesgos macroeconómicos y ambientales.
Asimismo, dicha herramienta permite mostrar que, en 2022 en Guatemala, la inflación, el alza de los precios de las materias primas producto de la la crisis geopolítica, tuvo impacto considerado como bajo.
Por otro lado, dentro de los riesgos fiscales, el riesgo ambiental es el segundo factor más recurrente en los últimos años. En 2018, estuvo asociado a la erupción del volcán de Fuego; en 2020, además del Covid-19, se registran las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal; en 2021, las tormentas tropicales ETA y IOTA, y en 2022, se tuvo un invierno más copioso que impactó la infraestructura vial.
No obstante, de acuerdo con el viceministro Figueroa, el país también ha avanzado en la mitigación de los riesgos asociados al ambiente, ya que, bajo el liderazgo del MINFIN, se ha establecido un fondo contingente para atención de emergencias y se ha previsto una estrategia financiera de atención a desastres naturales, financiada con fondos de créditos de carácter contingente, un seguro paramétrico, entre otros.
Figueroa explicó que, en el caso de los riesgos macroeconómicos, como la crisis financiera de 2019 o la pandemia del Covid-19, las variables sufrieron desviaciones significativas y el impacto fiscal fue mayor al 1% del Producto Interno Bruto (PIB), situándose en un escenario alto. En el caso de los riesgos del sector financiero y garantías de gobierno, los gobiernos subnacionales y locales, en particular, tienen un mayor control por medio de la legislación vigente que permite en buena medida reducir la ocurrencia de estos riesgos.
“Ningún riesgo se encuentra en la categoría crítica, lo cual, es resultado de las estrategias de mitigación con las que cuenta el gobierno de Guatemala, que coadyuvan, junto con la estabilidad macroeconómica, a tener una economía resiliente”, puntualizó el funcionario.
En la mayoría de los riesgos evaluados, el impacto fiscal potencial para Guatemala es bajo, de manera que el MINFIN ha asumido el compromiso de atender las recomendaciones del FMI, originadas de la evaluación de transparencia fiscal en 2016 y de la más reciente revisión llevada a cabo en 2022.