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Gasto público 2023 se enfocaría en incremento a la inversión

Con el objetivo de obtener efectos positivos en el crecimiento económico, empleo y bienestar de la población guatemalteca de largo plazo, se estima que el gasto público 2023 estaría enfocado en el aumento de la inversión real directa, alcanzando el 32.9%.

De acuerdo a las proyecciones de gasto público, contenidas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, que elabora el Ministerio de Finanzas Públicas, en 2023 se destinarían gastos relacionados al Covid-19 por más de Q1 mil 200 millones para la adquisición de vacunas y para el proceso de vacunación.

Para el 2023, el techo de presupuesto tiene previsto una mayor adaptación a la “nueva normalidad”, con las actividades económicas operando en su totalidad y una merma de las tensiones geopolíticas, siendo el enfoque la inversión pública que pretende ser impulso para el crecimiento económico de al menos de 2.5%, según el escenario bajo de las proyecciones del Banco de Guatemala.

En el mediano plazo se prevé que la variación interanual en los techos presupuestarios sea en promedio de 2.7%, entre 2024-2027, lo que permitirá una mayor ejecución de gasto.

Las estimaciones de gasto público, están determinadas por los compromisos que el Estado debe honrar para cumplir con las obligaciones constitucionales o de leyes específicas; así como otros compromisos ineludibles como las remuneraciones, las prestaciones a la seguridad social y el servicio de la deuda pública.

Asimismo, el componente de orientación de la política pública está vinculado con el Plan Nacional de Desarrollo y su articulación con los ODS que desemboca en la priorización de 10 objetivos estratégicos que permitirán que Guatemala en el mediano y largo plazo, logre mejorar considerablemente el bienestar de la población y permita a la vez contribuir al crecimiento económico.

Las rigideces presupuestarias generan una restricción importante en el manejo de la política fiscal derivado que más de la tercera parte de la tributación no puede tener un destino diferente al establecido por la Ley afectando el grado de discrecionalidad para orientar la política pública a determinados fines prioritarios.